Reestructuración bancaria en Líbano: entre la urgencia económica y la pérdida de soberanía

¿Puede el Líbano salir de su colapso económico sin entregar el control de su política financiera a actores externos? Esa es la disyuntiva que domina el escenario político esta semana en el Líbano, mientras el gobierno del primer ministro Nawaf Salam continúa el debate sobre el proyecto de ley de reestructuración bancaria, una exigencia directa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con las negociaciones de asistencia financiera.

Durante una sesión celebrada este martes en el Grand Serail, el gabinete aprobó las razones que justifican el proyecto de ley, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA). El debate continuará el viernes, en medio de una carrera contra el tiempo impuesta por el FMI, que espera la adopción de esta ley —junto con una reforma al secreto bancario— antes de fin de mes.

Sin embargo, el apresuramiento de la discusión generó fricciones dentro del propio gabinete. Algunos ministros denunciaron la premura con la que se pretende aprobar un texto recién recibido, advirtiendo que se trata de una medida de gran alcance que afectará profundamente el futuro del sistema financiero libanés, y por ende, de toda la población.

La reforma bancaria es uno de los puntos centrales del “paquete” de condiciones que el FMI impone para liberar fondos que supuestamente ayudarían a sacar al país del colapso. Pero los antecedentes del organismo en otras naciones, donde sus recetas han profundizado la pobreza y destruido sectores públicos, despiertan preocupación. La experiencia internacional muestra que estas “ayudas” rara vez son neutrales o desinteresadas.

Durante el fin de semana, la enviada adjunta estadounidense Morgan Ortagus visitó Beirut para insistir en la implementación de las reformas exigidas por los donantes. Se reunió con los ministros de Finanzas y Economía, así como con el nuevo gobernador del Banco Central, Karim Souhaid, y elogió los primeros pasos del gobierno en temas como la transparencia financiera y el combate al lavado de dinero.

No obstante, las reformas estructurales no han sido acompañadas por una distribución clara de las pérdidas del sector financiero. Hasta el momento, los grandes bancos y sus accionistas, responsables en gran parte de la crisis, han evitado rendir cuentas, mientras los ciudadanos siguen sin acceso a sus ahorros congelados desde 2019.

A esto se suma el peso de la reconstrucción nacional tras la última agresión israelí contra el sur del país, que dejó infraestructura devastada y cientos de miles de desplazados. En este contexto, entregar al FMI las riendas del sistema bancario podría significar no una salida, sino una profundización de la dependencia económica y la fragilidad política del Estado libanés.

Una delegación libanesa se prepara para asistir a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, del 21 al 26 de abril, donde se espera que estas reformas sean evaluadas por los acreedores internacionales. El resultado de ese encuentro podría definir si el país recibe nuevos fondos… o nuevas imposiciones.