Limpieza étnica encubierta: Israel aprueba ley para deportar palestinos

En una decisión que ha generado indignación y repudio internacional, el parlamento israelí ha aprobado una ley que permite la deportación forzada de familiares de palestinos acusados de actos de "terrorismo". Esta medida, que extiende el castigo a personas sin relación directa con los presuntos delitos, representa una clara forma de represalia colectiva, prohibida en el derecho internacional.

La legislación permite la deportación de ciudadanos palestinos por períodos de entre siete y quince años, y hasta veinte años en el caso de residentes permanentes, que constituyen la mayoría de los palestinos de Jerusalén ocupada. Bajo este marco legal, un palestino que exprese en redes sociales cualquier tipo de "simpatía" hacia actos de resistencia podría ver a su familia expulsada, en un claro intento de criminalizar incluso el derecho a la libertad de expresión.

Organizaciones tanto internacionales como israelíes dedicadas a los derechos humanos han condenado la medida como un acto de limpieza étnica encubierta, argumentando que el objetivo de esta legislación es reducir de manera sistemática la población palestina en toda la Palestina histórica. "Esta ley no busca justicia, sino infundir miedo y controlar a los palestinos a través de amenazas de desarraigo y deportación. Es un intento flagrante de borrar la presencia palestina en Jerusalén y otros territorios ocupados", denunciaron en un comunicado.

El régimen de Tel Aviv no solo se limita a perseguir y criminalizar a los individuos, sino que extiende el castigo a familias enteras, afectando a menores, ancianos y personas que no tienen relación con las acusaciones de presunto "terrorismo".

Además, la ley incluye una orden temporal que permitirá el encarcelamiento de menores palestinos de hasta 14 años acusados de delitos relacionados con el "terrorismo". Los menores, ya vulnerables y afectados por el contexto de violencia y represión, ahora se enfrentan a penas de prisión en un sistema judicial que, según numerosas organizaciones, opera con un marcado sesgo racial contra los palestinos.

La comunidad internacional, incluyendo varios países y organizaciones humanitarias, ha expresado preocupación ante esta nueva escalada represiva. Sin embargo, las acciones de condena han sido insuficientes para frenar la avanzada del régimen de Tel Aviv, que sigue desarrollando impunemente un sistema de apartheid en el que la población palestina vive bajo leyes discriminatorias y restrictivas, en constante riesgo de desalojo y desposesión.