Argentina: procesan a diputada nacional por denunciar al régimen sionista
La diputada nacional Vanina Biasi fue procesada por el juez Daniel Rafecas tras denunciar los crímenes del Estado de Israel, en un nuevo intento de criminalizar la solidaridad con Palestina y blindar al régimen de ocupación con el aparato judicial argentino.
En una escandalosa maniobra judicial al servicio de intereses extranjeros, el juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes a la diputada nacional Vanina Biasi, del FITU-PO, por supuesta “violación de la ley antidiscriminatoria”, a raíz de una serie de publicaciones en la red social X donde denuncia al Estado de Israel por sus prácticas genocidas contra el pueblo palestino.
La causa, promovida por sectores sionistas vinculados a la DAIA, intenta acallar la voz de una referente que se ha pronunciado sin titubeos contra el apartheid, la limpieza étnica y la masacre sistemática en Gaza y Cisjordania. Rafecas, viejo aliado del poder político y habitual anfitrión de actos con la DAIA, decidió avanzar con el procesamiento en plena etapa electoral, dictando además un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes de Biasi.
La diputada, lejos de retroceder, denunció el carácter político de la decisión: “La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces”, afirmó. Recordó que Rafecas tenía plazo para decidir desde octubre de 2024 y lo hizo recién ahora, cuando más podía beneficiar al lobby sionista. “Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo hace un juez que ve genocidio en Argentina pero no en Gaza”, expresó.
Vanina Biasi explicó que sus publicaciones señalaban el carácter supremacista del sionismo y la banalización del antisemitismo por parte del gobierno de Netanyahu. En ningún momento atacó a la comunidad judía, sino que cuestionó a un Estado colonial que perpetra crímenes de lesa humanidad.
Organizaciones de derechos humanos y activistas por la causa palestina expresaron su preocupación por la criminalización de voces disidentes.
La causa contra Vanina Biasi no ocurre en el vacío. Forma parte de un clima regional e internacional en el que se busca silenciar a quienes denuncian la ocupación, el apartheid y la violencia sistemática del régimen de Tel Aviv. Y en ese contexto, la solidaridad con Palestina no puede convertirse en un delito.
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