Memorándum sobre Libia - Mentiras contra el Estado, el Guía y el ejército (I)

Parte I (continúa en Parte II )

Desde que la OTAN falsificó deliberadamente el expediente libio para arrogarse el derecho de destruir Libia y asesinó a su Guía para sumirla en el caos, Saif al-Islam Kadhafi es la única personalidad capaz de unir rápidamente las diferentes tribus. Después de su reciente liberación, Saif al-Islam redactó este memorándum donde hace un balance de la situación jurídica de su país.

El objetivo de este memorándum es pasar revista a todo lo que el pueblo libio ha sufrido durante los últimos 6 años. Estos crímenes fueron cometidos en nombre del intervencionismo humanitario, de la protección de los civiles, de la introducción de la democracia y de la prosperidad.

Las fuerzas de la OTAN, con ayuda de varios Estados árabes y de algunos libios, atacaron Libia con todos los medios a su disposición. Las justificaciones presentadas eran tan falsas como los pretextos para la invasión contra Irak en 2003. Fue la destrucción sistemática de un país soberano y de una nación pacífica.

Esta nota trata de presentar esos crímenes a la comunidad internacional, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a las ONGs para que apoyen a Libia y a su pueblo en sus innumerables esfuerzos por reconstruir este pequeño país.

Libia en la encrucijada: al principio

La agonía de Libia comenzó el 15 de febrero de 2011, cuando cierto número de ciudadanos se reunieron en calma para protestar contra el incidente ocurrido en la cárcel de Abu Salim. La manifestación fue rápidamente manipulada por elementos de grupos yihadistas, como el Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL). Esos elementos atacaron puestos de la policía y cuarteles del ejército en Derna, Benghazi, Misurata y Al-Zawiya para robar el armamento y utilizarlo en su guerra planificada contra el pueblo libio y su legítimo gobierno.

Esas acciones gozaron de acompañamiento de la máquina de propaganda de las televisoras Al-Jazeera, Al-Arabiya, BBC y France24, entre otras que exhortaban al pueblo libio a enfrentarse a la policía, que trataba de proteger los edificios gubernamentales y la propiedad privada ante los ataques y saqueos.

Escenas de horror pudieron verse en las calles y en edificios de las fuerzas de seguridad, donde los manifestantes cometieron crímenes indescriptibles contra la humanidad. Miembros de las fuerzas de seguridad, militares y policías fueron degollados, se les extrajo el corazón y sus cuerpos fueron cortados en pedazos en una exhibición de brutalidad y salvajismo.

Por ejemplo, en el primer día de incidentes, el 16 de febrero de 2011, en la ciudad de Misurata, manifestantes supuestamente pacíficos mataron a un hombre, Musa Al-Ahdab, y quemaron su cuerpo. El mismo día, en Benghazi, un oficial de la policía fue asesinado y desmembrado [1 ]. Esos actos de barbarie fueron perpetrados por personas armadas que utilizaron tanques, ametralladoras y ametralladoras antiaéreas en las ciudades de Misurata, Benghazi y Al-Zawiya [2 ]. Esas escenas están bien documentadas y pueden verse en YouTube [3 ] así como en las redes sociales.

O sea, hubo decenas de víctimas, contrariamente a los reportes sesgados de los medios. Según Al-Jazeera, Al-Arabiya y los grupos de oposición libios, a finales de 2011 el número de muertos se elevaba a 50000. Sin embargo, en 2012, el gobierno de Abdel Rahim al-Kib anunció que la cantidad de víctimas registradas entre el 17 de febrero de 2011 y el fin de la guerra en octubre de 2011 era 4700 –incluyendo las personas fallecidas de muerte natural [4 ]. A pesar de la cantidad muy elevada de víctimas que mencionan las estadísticas, no se comunican sus nombres ni identidades y ninguna familia ha solicitado indemnización al gobierno.

La campaña de propaganda y las mentiras que acompañaban las acusaciones contra los militares no se limitaban a la exageración del número de víctimas. Incluso afirmaban que el gobierno utilizaba aviones de guerra contra los civiles, que ordenaba violaciones masivas de mujeres por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad [5 ] con uso de Viagra encontrado en los blindados [6 ], que utilizaba mercenarios africanos y argelinos y que los pilotos de sus aviones desertaban hacia Malta [7 ].

Hasta el día de hoy, no se ha probado ninguna de esas imputaciones, que no tienen nada que ver con la verdad. Las investigaciones de la ONU, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch [8 ] no han logrado verificar ni uno de los 8000 casos de secuestro que la oposición libia denunció en aquel momento. En realidad, se trata de acusaciones fabricadas y sin ninguna credibilidad.

Idénticamente, la acusación de que se usaron aviones de guerra Mirage de la base aérea de Al-Weathy, en el extremo oeste de Libia, para atacar a los civiles de Benghazi carece de toda lógica ya que su consumo de carburante impedía a esos aviones alcanzar esa ciudad y volver a esa base. Es en efecto imposible para ese tipo de aviones atacar blancos a 1500 kilómetros de su base y volver sin reabastecerse y había alrededor de Benghazi bases aéreas que el gobierno libio hubiese podido utilizar de ser necesario.

El Viagra supuestamente hallado en los tanques es una manipulación similar. Libia disponía de un ejército joven, profesional y moral, que no pensaba en cometer ese tipo de crímenes ni necesitaba Viagra para activar su deseo sexual. Esas historias inventadas son simplemente mentiras comparables a la de los 7 minutos que supuestamente necesitaban las armas iraquíes de destrucción masiva para acabar con Occidente. Hoy en día, las mentiras sobre Irak y Libia sólo dan risa a los pueblos de esos dos países, así como a los de EEUU y Europa (Informe de Amnistía Internacional [9 ]).

La Corte Penal Internacional (CPI)

La CPI (Corte Penal Internacional) [10 ] emitió en 2011 una orden de arresto contra Muammar el-Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi [11 ] y Abdullah Senussi, acusados de crimen contra la humanidad. A pesar de la gravedad del crimen, la CPI no hizo ningún tipo de investigación en el terreno sino que elaboró sus conclusiones e identificó a los autores en sólo 2 semanas, a contar desde el momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU, puso el caso en sus manos.

Nunca se presentó el calendario concedido al fiscal, quien de todas maneras no tenía el tiempo necesario para precisar las penas a las que se exponían los supuestos culpables. El coordinador du Consejo Nacional de Transición libio con la CPI, Ahmed al-Jehani, declaró al respecto que «el caso CPI vs Libia es puramente político ya que los miembros de la OTAN pidieron al Consejo Nacional de Transición (CNT) que hiciera él mismo la lista de funcionarios que serían acusados de crímenes contra la humanidad». El CNT designó a Al-Jehani para preparar esa lista, con una decena de nombres, pero la CPI aceptó sólo 3. Al-Jehani agregó además que todas las acusaciones eran fabricadas y reafirmó su punto de vista durante un encuentro con Saif al-Islam, asegurándole a este último que la justicia libia no podría declararlo culpable. Al-Jehani agregó que, con su equipo, él mismo había fabricado todo ese caso porque sabían que era un caso perdido de antemano y que siguieron adelante para implicar a Saif al-Islam en escándalos financieros y de corrupción.

Al-Jehani justificó sus inventos y mentiras afirmando que son [desde el punto de vista religioso] lícitos durante las guerras (declaración de Al-Jehani documentada el 1º de enero de 2012 y ante el tribunal de Zintan).

La CPI adoptó un doble rasero sobre la guerra contra Libia y la intervención de la OTAN. Implicó a personalidades políticas libias en crímenes inventados mientras que ignoró y no condenó el bárbaro linchamiento perpetrado contra Muammar el-Kadhafi [12 ] y contra su hijo Moatassem por las milicias que la OTAN respaldaba [13 ].

Después del linchamiento, la única reacción de la CPI fue abandonar las acciones legales contra Muammar el-Kadhafi. Sin embargo, la CPI tenía en este último caso [el linchamiento] algo muy sólido ya que los medios de difusión habían documentado bien el asesinato, la CPI no necesitaba ninguna prueba adicional para poder llevar los responsables a los tribunales. La CPI podría fácilmente arrestar a los autores, que desempeñan responsabilidades políticas y diplomáticas en varias capitales europeas.

La CPI asumió una posición similar contra Abdullah Senussi, después de que el [nuevo] gobierno libio lo secuestrara en Mauritania [14 ]. La CPI se limitó a dejar de exigir su extradición. Ni siquiera dio seguimiento a la violación de los derechos de Senussi ni al trato inhumano que sufrió en la cárcel de la milicia, a pesar de que lo habían detenido elementos, bien conocidos como yihadistas, del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL). El director de la prisión era precisamente el jefe del GICL, Abdelhakim Belhadj.

La CIA y los gobiernos occidentales conocen muy bien a Belhadj. La CIA lo arrestó, después de su fuga de Kandahar, lo interrogó y lo extraditó a Libia en 2002, acusándolo de terrorismo [15 ]. En 2009, Belhadj y otros miembros del GICL fueron liberados en el marco de una amnistía general [16 ].

La carrera de Belhadj como terrorista habla por sí sola. En 1994-1997, ordenó masacrar a 225 personas. En 1997, ordenó el asesinato de los turistas alemanes Steven Baker y su esposa Manuela Spiatzier. A pesar de ello, asumió un puesto de alto rango en Libia [después del linchamiento de Kadhafi]. Fue ministro de Defensa, responsable de la seguridad en Trípoli y director general de las cárceles libias, o sea era directamente responsable de la celda de Abdullah Senussi. A pesar de que se le informó el historial de Belhadj, la CPI expresó su seguridad de que Senussi estaba en buenas manos y apoyó su juicio en Libia.

La OTAN y los Estados del Golfo optaron por ignorar las actividades terroristas de Belhadj y lo reconocieron como líder político y militar así como hombre de negocios. Hoy posee el canal de televisión más grande del norte de África, la mayor compañía aérea de Libia y una fábrica de cemento, tiene propiedades en España y Turquía y un aeropuerto privado en Trípoli. Ese aeropuerto ha sido utilizado para enviar terroristas de Libia a Siria. En 2010, esos terroristas recibieron 160 mil millones de dólares para su financiamiento.

Belhadj y otros más son responsables del uso indebido de los activos de Libia y de haber puesto fin al plan de desarrollo de Libia, por un valor de 200 mil millones de dólares, según el Banco Mundial. Belhadj es un ejemplo de la vida suntuosa de los señores de la guerra, mientras que los libios de a pie se ven sumidos en una extrema pobreza.

Nota: Por extensión de la publicación, la misma se ha particionado. La Parte II en este enlace.