De cárceles y dignidades

El aislamiento, la tortura, los trasladados intempestivos, la negación a una defensa justa y a ver a sus familiares. Estos son los métodos que el Estado de Israel aplica desde hace casi siete décadas a los presos y las presas palestinos. Por eso, el pasado 17 de abril más de 1500 prisioneros palestinos encerrados en cárceles israelíes iniciaron una huelga de hambre indefinida, encabezada por Marwan Barghouti, dirigente del Movimiento Al Fatah, reconocido líder del pueblo palestino y, tal vez, el detenido palestino más peligros para Tel Aviv.

Desde su misma creación, el Estado israelí aplica una política de genocidio contra el pueblo palestino. No es una exageración, sino la confirmación de la naturaleza del sionismo, la ideología que rige al Estado desde 1948 y que, de manera permanente, niega no sólo los derechos más básicos de los palestinos y las palestinas, sino que rechaza que -alguna vez en la larga historia de la humanidad-, ese pueblo de mayoría árabe haya habitado la Palestina histórica.

Cuando la vida cotidiana en los territorios palestinos se vuelve, día a día, más crítica, los prisioneros tomaron esta decisión ante el rechazo por parte de Israel de mejorar sus condiciones de vida. Al iniciar la medida de fuerza, los presos políticos informaron que uno de los principales objetivos es poner fin a la detención administrativa, “figura legal” que Israel utiliza para detener a las personas, encarcelarlos por tiempo indefinido sin pruebas y negarles la asistencia de abogados. Las detenciones administrativas, está de más decirlo, no cumplen con ninguna ley internacional o respetan tratados judiciales aceptados por la mayoría de los países.

Con la huelga de hambre, los prisioneros también demandan el fin del régimen de aislamiento, una asistencia médica completa dentro de los presidios, derechos de visita ampliados y el acceso a teléfonos públicos y medios de comunicación para informarse.

Al comenzar la medida, Fedwa Barghuthi, esposa del líder de Al Fatah condenado a cinco cadenas perpetuas, resumió de forma clara que el reclamo apunta a “peticiones humanitarias previstas en el derecho internacional y reconocidas como parte de los derechos humanos”.

Sin inmutarse, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu desplegó toda su furia para intentar tapar una protesta que tiene una fuerte repercusión internacional. Gilad Erdan, ministro israelí de Seguridad Interior, fue el encargado de rechazar cualquier tipo de negociación con los palestinos. “Son terroristas y asesinos encerrados que reciben lo que merecen y no tenemos razones para negociar con ellos”, aseveró el funcionario. Aunque las denuncias contra el sistema penitenciario israelí se acumulan en los despachos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Erdan argumentó que “no hay razón para darles beneficios adicionales a los que ya tienen”.

En la misma tónica negacionista, el 18 de abril pasado el ministro israelí de Inteligencia, publicó en su cuenta de Twitter que la “única solución” frente a la huelga de hambre “es ejecutar a los terroristas”.

En la actualidad, Israel mantiene prisioneros a 6.500 palestinos, de los cuales 62 son mujeres y 300 menores de edad. De total de presos políticos, 500 se encuentran bajo el régimen extrajudicial de la detención administrativa. Como si fuera poco, entre los detenidos se encuentran 13 diputados palestinos a los cuales, por supuesto, Israel no les respetó su derecho a ejercer el cargo luego de ser elegidos en comicios democráticos en 2006.

Durante las décadas de ocupación israelí en los territorios palestinos, “cerca de un millón de palestinos han sido detenidos, torturados, humillados física y psicológicamente, y sometidos a condiciones duras y degradantes en las Bastillas del bárbaro colonialismo sionista”, denunció el propio Barghouti en una carta dirigida a los parlamentarios del mundo.

El líder palestino, que iniciada la huelga de hambre fue trasladado a una celda de aislamiento, explicó que “la huelga de hambre de los prisioneros es un medio legítimo y pacífico para confrontar la violación de los derechos de los prisioneros”. Barghouti detalló que la medida de fuerza fue decidida “tras meses de desgaste de todos nuestros esfuerzos y todos nuestros intentos de conseguir nuestras legítimas demandas relativas a la detención administrativa arbitraria y colectiva de los palestinos, las torturas, las medidas punitivas ejercidas contra los prisioneros y la negligencia médica deliberada, así como la privación de las visitas de nuestros parientes y del derecho a comunicarse con ellos y el derecho a la educación, que son los derechos más básicos que deberíamos tener”.

En la carta, Barghouti señaló que “la ley israelí permite el colonialismo, el castigo colectivo, la discriminación racial y el apartheid” y que los tribunales de Tel Aviv, que forman parte de la “ocupación militar colonial”, han condenado “a los palestinos con una  proporción que llega hasta el 90-99 por ciento”.

“Esto es un apartheid judicial que condena la presencia y firmeza palestina y al mismo tiempo da inmunidad a los israelíes que cometen crímenes contra nuestro pueblo”, sintetizó el dirigente de Al Fatah en la carta.

La huelga de hambre que encabezan los palestinos y las palestinas es una de las denuncias más visibles y claras de la política represiva israelí. Como sostiene el historiador judío Ilan Pappé, las categorías conocidas para definir los métodos de Tel Aviv contra el pueblo palestino no alcanzan. Términos como apartheid, ocupación, colonización ya quedan desactualizados, por eso Pappé afirma que Israel comete una “genocidio progresivo”, con la venia de las grandes potencias, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea.

Los presos y las presas palestinas no sólo se encuentran entre rejas, sino que el sistema carcelario israelí se expande en Cisjordania y, sobre todo, en la Franja de Gaza, un territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados en el cual habitan casi dos millones de personas. Bloqueada, asediada y bombardeada, la Franja sobre el mar Mediterráneo es, sin dudas, la demostración fehaciente del poder represivo de un Estado moderno que mantiene en la opresión cotidiana a una población.

“Algunos pueden creer que este es el fin y que nosotros pereceremos aquí, en este confinamiento solitario –escribió Marwan Barghouti-, pero yo sé que a pesar de este aislamiento cruel no estamos solos, sé que millones de palestinos y otros en diferentes lugares del mundo están con nosotros respaldándonos y les digo a todos que tendremos un encuentro, así como tendremos una cita con la libertad”.

Ese encuentro y esa cita son un desafío para quienes observan, indignados y rabiosos, el dolor del pueblo palestino.