Arabia Saudí, un país derecho y humano

Allá por el año 1979, la Argentina recibió la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar las denuncias en contra del gobierno de facto conducido por Jorge Rafael Videla. Ante su inminente arribo, el Ministerio del Interior aprobó el Decreto 1695/79 que autorizó una campaña publicitaria con el fin de minimizar las acusaciones. La jugada consistía en distribuir autoadhesivos con el lema “Somos derechos y humanos ” estampado sobre el pabellón nacional.

Además, las autoridades insistieron en que la estrategia de marketing era una iniciativa de la sociedad civil –mentira que quedó al descubierto tras la desclasificación del decreto mencionado más arriba. El documento no solo probó que la iniciativa era del propio gobierno militar, sino que además fue financiada con fondos públicos.

Han pasado casi 40 años desde aquella campaña, pero como decía Ernesto Guevara “Podrán morir las personas pero jamás sus ideas”. Por eso, no es de extrañar que Arabia Saudí recurra a su influencia política y recursos económicos para salvaguardar la imagen de un régimen monárquico acusado de violar los derechos del niño. Así, es que los argentinos podemos ufanarnos no solo de tener la mejor carne, los mejores vinos, las más lindas mujeres, el mejor futbolista, sino que además podemos alardear de ser un –mal- ejemplo para Riad.

El pasado 20 de abril, la Asamblea General de la ONU aprobó el informe “Los niños y los conflictos armados ” que responsabiliza a la coalición militar liderada por Arabia Saudí interviniente en Yemen del 60% de las muertes y mutilaciones de niños registradas. La reacción de Riad fue inmediata y amenazó con desfinanciar programas de ayuda humanitaria y lucha contra el terrorismo de ONU si el país no era excluido del documento.

Particularmente, el informe alerta que “Las violaciones graves contra los niños aumentaron drásticamente como consecuencia de la escalada del conflicto”. Y agrega “Los casos de reclutamiento y utilización de niños por grupos armados se quintuplicaron…La mayor parte de los 762 casos verificados de reclutamiento de niños (todos varones) se atribuyó a los huzíes (72%)”.

Lo que molesto a Riad fueron los siguientes renglones: “Las Naciones Unidas comprobaron que el número de niños muertos y mutilados se sextuplicó en comparación con 2014 y ascendió a un total de 1.953 víctimas (785 muertos y 1.168 niños heridos). Más del 70% eran varones. El 60% de los casos de muerte (510) y lesiones (667) se atribuyeron a la coalición encabezada por la Arabia Saudita”.

Como se puede observar, Arabia Saudí no es la única parte denunciada por violaciones a los derechos del niño, pero sí es la única parte del conflicto que utilizó recursos políticos y económicos para deslindarse de las responsabilidades asignadas. De hecho, en el documento también se responsabiliza a Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), Estado Islámico (E.I.) y milicias progubernamentales. Tal vez lo que molestara a Arabia Saudí no fuera la denuncia de las violaciones cometidas sino más bien el compartir responsabilidades con sus rivales militares.

Otro motivo de molestia puede encontrarse en el fracaso parcial de los esfuerzos realizados por la monarquía para limpiar su nombre en el ámbito internacional. Las campañas internacionales denunciando las prácticas de la monarquía respecto de las violaciones en contra de los derechos de la mujer, de prensa y políticos llamó la atención sobre los desafíos que enfrenta la sociedad saudí. Motivo por el cual no debe sorprender que Riad haya negociado con Londres en las sombras para asegurar su incorporación a la Comisión de Derechos Humanos (CDDHH) de ONU, acción que no pudo evitar la inclusión inicial del país en la lista de graves violadores de los derechos del niño.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, dio lugar a la solicitud de Arabia Saudí de ser excluido del informe hasta tanto un panel compuesto por miembros del organismo y representantes del país en cuestión tengan la oportunidad de fiscalizar la información recabada por Leila Zerrougui, representante especial de ONU para los Niños y Conflictos Armados.

La decisión de Moon generó el rechazo al unísono de los organismos de derechos humanos, empezando por el mismo Human Rights Watch. “El secretario general de ONU cayó muy bajo al ceder ante la presión de Arabia Saudí”, dijo el subdirector para Global Advocacy de Human Rights Watch. Por su parte, el director de Oxfam para Yemen, Sajjad Mohammad Sajid, declaró “Aparentemente, el poder político e influencia diplomática no permitieron que ONU denunciara a los responsables por la muerte y mutilación de más de 1000 niños en Yemen”.

A pesar de la atención generada por la moción de Arabia Saudí y la respuesta de Moon, estos episodios no son nuevos en el ámbito de la ONU. En 2014, Israel fue excluido de un informe similar luego de que EEUU advirtiera sobre la posibilidad de que su Congreso no aprobara los fondos correspondientes a programas de ONU. El dato no pasó desapercibido en Riad, y fue utilizado por el embajador saudí ante ONU, Abdallah Al Mouallimi, para justificar la actual exclusión de Arabia Saudí.

Hace unos en el marco de la conferencia “Los conflictos armados en el siglo XXI: problemas jurídicos y filosóficos ” ofrecida por la Universidad Torcuato Di Tella, comenté a un panelista que las exposiciones me dejaban la sensación de que sus pares buscaban maneras para justificar las víctimas civiles. Su respuesta irónica fue: “Yo creo que esto es una competencia por encontrar el argumento más ingenioso para transformar en blanco militar a la sociedad civil”.

Momentos más tarde tuvimos la oportunidad de escuchar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien trató de transmitir los problemas políticos asociados con el desempeño de su función. En ese sentido Moreno Ocampo compartió una anécdota de la cual extrajo una conclusión, la cual considero relevante para entender la decisión de Moon respecto del pedido de Arabia Saudí, y que a continuación comparto con uds.: “Los representantes de instituciones internacionales son empujados a tomar las decisiones políticamente costosas para los Estados”.