A cuatro años del desastre en Beirut: el reclamo por justicia continúa

Beirut conmemoró este 4 de agosto el cuarto aniversario del estallido en el puerto, la explosión que dejó un saldo de 235 muertos, más de 6.500 heridos y 77.000 viviendas destruidas. El trágico aniversario estuvo marcado por una serie de manifestaciones que llenaron las calles de la ciudad, donde se escucharon cánticos de protesta y se levantaron pancartas con las imágenes de las víctimas.

Los manifestantes, entre ellos familiares de los afectados, se dirigieron tanto a la Plaza de los Mártires como a la Brigada de Bomberos de Beirut en Karantina, marchando hacia el lugar del desastre.

La tragedia, causada por la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de manera insegura desde 2013, reveló un sistema de negligencia que implicó a ministros, funcionarios portuarios y de seguridad, e incluso al entonces presidente Michel Aoun. Sin embargo, a pesar de las promesas iniciales del ex Ministro del Interior, Mohammad Fahmi, de que una investigación independiente resolvería los detalles del crimen en "cinco días", han pasado 1.461 días sin que se haya procesado a ningún responsable.

La frustración entre los manifestantes fue palpable. Rawad Jalloul, de 19 años, expresó su descontento con declaraciones a un medio local: "No deberíamos marchar hacia el puerto. Los responsables no se esconden en los silos. Deberíamos marchar hacia el Parlamento, que es donde se encuentran".

Su opinión refleja un sentimiento generalizado de que las autoridades deben ser llevadas a rendir cuentas. George Pezekhian, padre de Jessica Pezekhian, quien murió a los 22 años debido al estallido, demanda respuestas sobre quién permitió la entrada del cargamento, quién recibió pagos, y quién sabía sin hacer nada.

En un cuadro de temores y denuncias de una posible manipulación política del caso, el proceso judicial ha sido lento y ha estado marcado por la obstrucción. Cecile Roukoz, hermana de Joseph Roukoz, quien también murió en el estallido, condenó la falta de justicia y pidió que los responsables sean juzgados en un "tribunal popular". La acusación ha recaído sobre varios funcionarios, incluido Ghassan Oueidat, el ex Fiscal Público que, a pesar de ser cuñado de uno de los acusados, se negó a apartarse del caso y bloqueó las acciones del controvertido juez Tarek Bitar, quien había detenido a varios políticos y funcionarios, a la vez que era señalado por los mismos como actor en favor de intereses ajenos al Líbano.

Mientras el caso sigue sin resolverse, los esfuerzos por reformar el sistema judicial enfrentan obstáculos. El diputado libanés Mark Daou informó que, a pesar de los intentos de enmendar la ley para permitir una investigación más libre, su propuesta no fue presentada en las reuniones legislativas debido a la falta de apoyo en la actualidad.