Nuevo informe de DDHH revela el apartheid israelí

Human Rights Watch (HRW) presentó en las últimas horas el informe Un umbral cruzado: las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución, donde asegura que las autoridades israelíes están cometiendo apartheid y persecución contra los palestinos. Este informe examina las políticas y prácticas israelíes hacia los palestinos en los Territorios Ocupados e Israel y las compara con el tratamiento de los judíos israelíes que viven en los mismos territorios

El documento de 213 página “presenta la realidad actual de una sola autoridad, el gobierno israelí, que privilegian metodológicamente a los judíos israelíes mientras reprimen a los palestinos, más severamente en el territorio ocupado", dijo el grupo de derechos humanos.

HRW explicó el apartheid "como un crimen de lesa humanidad que consta de tres elementos principales: la intención de mantener la dominación de un grupo racial sobre otro, un contexto de opresión sistemática por parte del grupo dominante sobre el grupo marginado, y comportamientos inhumanos”. En esa definición, la organización agregó que "encontró que los elementos de dichos crímenes en los territorios ocupados, como parte de una política única del gobierno israelí".

"Para mantener la dominación, las autoridades israelíes discriminan sistemáticamente a los palestinos", explica el informe. Esto se hace a través de una variedad de métodos, desde las leyes que permiten que cientos de pequeñas ciudades judías excluyan efectivamente a los árabes, hasta los presupuestos que asignan solo una fracción de los recursos a las escuelas palestinas en comparación con las que sirven a los niños judíos israelíes.

“Estas políticas, que otorgan a los judíos israelíes los mismos derechos y privilegios dondequiera que vivan y discriminan a los palestinos en diversos grados dondequiera que vivan, reflejan una política para privilegiar a un pueblo a expensas de otro”, agrega.

Los ciudadanos palestinos de Israel no están exentos del abuso, y el informe destaca la aplicación de la Ley del Estado-Nación que se promulgó en 2018 y que estableció a Israel como el "Estado-nación del pueblo judío". Esto, junto con otras políticas, ha dejado en claro la "intención de Israel de mantener el dominio de los judíos israelíes".

“Para mantener el control judío israelí, las autoridades israelíes han adoptado políticas destinadas a mitigar lo que han descrito abiertamente como una "amenaza" demográfica que representan los palestinos. Esas políticas incluyen limitar la población y el poder político de los palestinos, otorgando el derecho al voto solo a aquellos que viven dentro de las fronteras de Israel tal como existieron desde 1948 hasta junio de 1967, y limitar la capacidad de los mismos para trasladarse a Israel desde los Territorios Palestinos Ocupados o viceversa”.

Además, el ensayo explica: “Las autoridades israelíes han llevado a cabo una serie de actos inhumanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Entre ellas se incluyen restricciones radicales al movimiento de 4,7 millones de palestinos; la confiscación de gran parte de sus tierras, la imposición de duras condiciones, la denegación de los derechos de residencia a cientos de miles de palestinos y sus familiares, y la suspensión de los derechos civiles básicos, como la libertad de reunión y asociación, privar a los palestinos de la oportunidad de tener voz en una amplia gama de asuntos que más afectan su vida diaria y su futuro”.

“Desde la fundación del estado de Israel, el gobierno también ha discriminado y violado sistemáticamente los derechos de los palestinos dentro de las fronteras del estado anteriores a 1967, incluso al negarse a permitir el acceso de los palestinos a los millones de hectáreas de tierra que les fueron confiscados”, asegura. “En una región, el Negev, estas políticas hacen prácticamente imposible que decenas de miles de palestinos vivan legalmente en las comunidades en las que han vivido durante décadas”

Asimismo, “las autoridades israelíes se niegan a permitir que los más de 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados en 1948, y sus descendientes, regresen a Israel o los Territorios Ocupados, e imponen restricciones generales a la residencia legal, que impiden que muchos cónyuges y familias palestinos vivan juntos en Israel”.

HRW pidió a los países del mundo que condicionen la venta de armas a Israel y los futuros acuerdos comerciales sobre la ocupación "dando pasos concretos y verificables para poner fin a la comisión de estos crímenes". La semana pasada, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, advirtió que Israel está en camino de convertirse en un estado de apartheid en un discurso en la Conferencia anual J Street en Estados Unidos.