Militar israelí ordena investigaciones criminales sobre los ataques en Gaza

El fiscal militar de Israel ha ordenado investigaciones penales sobre dos de las mayoría de los incidentes de alto perfil en la reciente acción contra Gaza, la muerte de cuatro niños en un ataque aéreo israelí en el puerto de Gaza y el bombardeo de una escuela de la ONU en Beit Hanoun, que dejó 15 personas muertas y decenas más resultaron heridas.

Estos están entre los cinco casos que se están investigando por posible conducta criminal, mientras que decenas más están siendo considerados para investigación.

Los asesinatos de playa el 16 de julio, y el ataque a la escuela el 24 de julio -mientras estaba siendo utilizada como refugio- provocaron controversia internacional generalizada y las llamadas de la ONU y los EEUU para una pronta investigación.

Mientras el ejército israelí admite que golpeó el puerto en dos ataques aéreos, dijo un alto funcionario el miércoles, quien seguía investigando las circunstancias del ataque a la escuela.

El anuncio de la investigación penal por los oficiales de alto rango en el cuerpo de fiscal general militar del ejercito viene sólo 10 días después de que Israel y Hamas acordaron un alto el fuego para poner fin a 50 días de conflicto que se cobró más de 2.000 vidas.

La velocidad con la que el fiscal general militar ha puesto en marcha las investigaciones está en marcado contraste con el ataque de 2008-09, la llamada “Operación Plomo Fundido”. Después de esta, Israel investigó 50 incidentes que llevaron a tres condenas.

Israel se enfrenta a la presión en múltiples frentes con motivo del reciente ataque, mientras el presidente palestino, Mahmoud Abbas, amenaza con llevar sus reclamos a la Corte Penal Internacional.

Israel también se enfrenta a una investigación a cargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC) y una investigación de la ONU extra, ordenada por el secretario general, Ban Ki Moon, acerca del ataque contra escuelas de la ONU y cómo las armas de Hamas pudieran haber llegado a ser almacenadas en algunos de ellos.

Israel ha indicado su poca predisposición a cooperar con la investigación del UNHRC llevada adelante por el juez canadiense William Schabas, acusándolo de parcialidad.

Los dos incidentes son los más destacados de los cinco casos que están siendo investigados por posible conducta criminal.

Los cinco incluyen también el caso de un detenido cerca del pueblo de Juzaa, de 17 años de edad que se quejó de ser maltratado y utilizado como escudo humano por los soldados israelíes, y un incidente en el que una mujer palestina, murió por disparos de soldados israelíes en Dahaniyeh, a pesar de haber coordinado su escape de un área de lucha.

El último caso se trata de una acusación - hecha por un comandante israelí – de que uno de sus soldados robó dinero de una casa particular durante los combates en Shujai'iya.

De acuerdo con funcionarios de algunas de las investigaciones comenzaron incluso mientras el ataque aun estaba vigente. En virtud de un procedimiento de reciente promulgación, diseñado para acelerar las investigaciones, el ejército israelí ha creado seis equipos de investigación, encargados de hacer averiguaciones iniciales en las violaciones alegadas de las leyes de la guerra.

Entre decenas de otros casos en los que la oficina del fiscal general militar aún tiene para gobernar son los que implican la cuestión de si el uso intensivo de Israel de la artillería en una zona urbana - dice que ha conmocionado a funcionarios de Estados Unidos - fue proporcionada y justificada y sobre la invocación de el Protocolo de Hannibal, que vio la destrucción a gran escala alrededor de Rafah durante un intento de rescatar a un oficial israelí que se temía había sido secuestrado.

Los palestinos dicen que 130 personas, en su mayoría civiles, murieron en lo que definen como un bombardeo indiscriminado.

Los funcionarios israelíes informan que el fiscal general militar Dani Efroni ha decidido no investigar otros siete casos, entre ellos uno en el que murió un trabajador de medios palestinos, durante un ataque contra un coche en el que viajaba. Los israelíes lo descartan pues alegan que el vehículo transportaba armas.

La oficina del fiscal general militar, cuyas decisiones pueden ser anuladas por los jueces civiles en el Tribunal Supremo, ofrece asesoría legal a los militares israelíes, así como la supervisión de las investigaciones penales, incluidas las violaciones de la ley militar propia de Israel y el derecho internacional humanitario.

Aunque el alto oficial que informó sobre las investigaciones prometió que sería rápida, exhaustiva y transparente, la oficina del fiscal general militar ha sido criticado en otras investigaciones.

El anuncio de la investigación se produce sólo dos días después de dos de las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos israelíes anunciaron que dejarían de cooperar con la oficina del fiscal general militar, acusándolo de no investigar adecuadamente el daño a los palestinos, incluyendo  la reciente agresión a Gaza.

B'Tselem y Yesh Din acusaron al sistema de aplicación de la ley militar de ser un completo fracaso, afirmando que "después de examinar los resultados de cientos de investigaciones, [nosotros] Afirmamos que el mecanismo de investigación existente se opone a investigaciones serias y se vio empañado por defectos estructurales graves que lo vuelven incapaz de llevar a cabo autenticas investigaciones profesionales".

Y añadieron: "El aparato existente es incapaz de investigar cuestiones de política o infracciones al derecho de los funcionarios militares de primer rango, y no promueve la rendición de cuentas entre los responsables. Las cifras muestran que las autoridades israelíes no están dispuestas a investigar violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra los palestinos".