Abogado mendocino presentó Amparo ante Decreto Presidencial

Merced al reciente Decreto 489/19 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se creó el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), el abogado mendocino Dr. Esteban Made ha interpuesto un recurso de amparo, del cual compartimos su texto completo en este enlace .

Desde esta Redacción hemos entrevistado en exclusiva al Dr. Made y hemos pasado revista a los principales elementos relacionados con su presentación judicial, donde se nos alerta de las graves consecuencias institucionales en cuanto a la vigencia del Estado de Derecho, y sus gravísimas consecuencias, a juicio del abogado, en cuestiones relacionadas a la política exterior del país.

ENTREVISTA

-¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta presentación judicial?

-Ante la inminencia de un dictado del Poder Ejecutivo, en el que se iba a incluir a través de un decreto, un Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), considerando el contexto y las menciones que se hacían sobre las motivaciones de su dictado, y al sentirme agraviado tanto como ciudadano argentino, como así también en mi carácter de descendiente de árabes y aparte por tener relaciones comerciales y visitas continuas al Líbano, tomé la decisión de interponer una acción de amparo.

Mediante la misma estoy solicitando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto 489/19 del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que crea el RePET, o sea un registro en el que se puede incluir a toda persona física o jurídica que, ab initio, pudiera ser vinculada a prestar colaboración financiera o de otra índole al terrorismo.

Considero que esto se ha hecho en violación de todas las garantías individuales, del principio de inocencia, y otros principios, entre ellos el de la legalidad y la razonabilidad que debe contener toda norma en relación al Bloque Normativo Constitucional, ya que permite que la mera interposición de una denuncia, o la mera apertura de una investigación por parte de un fiscal, sin ninguna actividad probatoria previa, den lugar a que el denunciado sea incluido en el RePET.

Y eso incluye el congelamiento de todos los bienes de la persona física o jurídica incluida, con lo cual se genera una muerte civil, porque ya no se puede realizar ninguna actividad comercial, financiera, bancaria o registral, y a su vez con el agravante que si el día de mañana hay una sentencia que sobresee esa investigación, la persona que fue incluida en el RePET ya perdió toda posibilidad de reinsertarse nuevamente en el comercio porque el daño es irreparable.

Este es el contexto jurídico en el cual yo entiendo que por las afectaciones constitucionales que importa la creación de este registro, me llevan a actuar a través de una acción de amparo, ya que no encontré otra vía más expedita para evitar esto.

Pero independientemente de eso, también hay un contenido, que es la parte que yo destaco, que es que este decreto ha sido motivado a partir de una presunción al menos irresponsable de aseverar que el autor de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, ha sido el partido político libanés Hezbollah, con lo cual eso produce una estigmatización enorme ya que no hay ninguna prueba en ningún expediente. Lo único que hay son pistas que no se han convertido en pruebas, tal cual le ha requerido el actual juez de la causa al fiscal, solicitando que si quieren producir una imputación a partir de esas llamadas “pistas”, que conviertan todos los informes contradictorios y fabricados por servicios de inteligencia, en pruebas. Mientras eso no ocurra, no pueden avanzar con la denominada “pista iraní”.

Esto es gravísimo desde el punto de vista Institucional. La no resolución de la autoría intelectual y material de los atentados, solo ha producido el daño irreparable a los familiares de las víctimas, a la Colectividad Árabe de nuestro país y a la credibilidad de la Justicia argentina, que ha condenado al juez y los dos fiscales en la causa denominada AMIA Uno, y que demuestra la execrable connivencia de organizaciones comunitarias de la Comunidad Judía, concretamente la DAIA y la AMIA para presionar testigos, crear pistas falsas e innumerables inconductas procesales que llevaron a la investigación a su estado actual. Esto no es solo mi opinión, es la reproducción de los considerandos del Fallo del Tribunal Oral en lo Criminal.

Pero más allá de esta cuestión, con la creación de esta nueva norma persecutoria, todos estamos expuestos a ser estigmatizados como fueron los hermanos Salomón, que fueron denigrados, ellos y la comunidad, por todos los medios periodísticos con irremontables acusaciones de ser parte de una célula terrorista, y hoy los chicos perdieron su trabajo, fueron estigmatizados, todos tuvimos una angustia tremenda esos días, y después se demostró que no tenían absolutamente nada que ver, pero el daño ya estaba hecho, no solo a ellos a nivel personal, sino que se instaló esa brutal idea, y luego por supuesto, ninguno de los medios de comunicación reflejó lo que fue una grosera promoción de una denuncia y la consecuente actuación judicial, que terminó en lo que ya será seguramente un sobreseimiento.

-¿Está en juego el respeto al estado de derecho?

-Sin duda, creo que esto es una gravísima afectación al Estado de Derecho, a las Garantías Individuales, a los Tratados Internacionales que también son derecho argentino y en función de toda esta cuestión es que interpuse la Acción de Amparo que ya está admitida formalmente y en estos momentos está en proceso de notificación a la Procuración del Tesoro, al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los efectos de que produzcan los informes correspondientes.

Entiendo que la causa es de puro derecho. Yo estoy atacando directamente a la norma que ha dictado el Poder Ejecutivo en exceso de sus atribuciones ya que estuve al tanto a través de los medios de la colectividad, de los infructuosos intentos, hasta el momento, de Fearab Argentina de tener una reunión especifica con el Poder Ejecutivo o con Cancillería ante la gravedad y la inminencia del dictado de lo que terminó siendo un decreto del Poder Ejecutivo.

Entonces, más allá de las acciones comunitarias o del profundo disgusto que puede provocar esto, he juzgado necesario actuar con la ley, en este caso a través de una Acción de Amparo que he iniciado desde lo personal; pero que deja la posibilidad a que se sumen otro tipo de acciones también legales en el mismo sentido a partir de las organizaciones que representan un interés colectivo comunitario, como puede ser el caso de Fearab.

-¿Es la primera en su tipo?

-Por las búsquedas que he hecho, tengo entendido que aún no hay ninguna otra acción iniciada en este sentido, por lo cual esta sería la primera.

-¿En qué juzgado se presentó?

-Conforme mi domicilio, el amparo está radicado en el Juzgado Federal Nº 2, Secretaría 3, de la Provincia de Mendoza, bajo el expediente Nº 33070 caratulado “Made Esteban Fernando contra el Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por amparo”.

-¿Cuáles son las expectativas de resolución favorable?

-Por la ley de Amparo, estos procesos tienen plazos judiciales perentorios, es decir que la protección por parte del Poder Judicial al amparado, debe ser expedita; con lo cual esperamos prontas novedades sobre la evolución de la causa.

Lo que me interesaría es que pueda tener un cauce normal y que pueda ser tratada con abstracción de los vaivenes políticos y que realmente se pueda ir al nudo de la cuestión en relación al avasallamiento de las garantías individuales y el estado de derecho por parte de esta aberrante norma que ha dictado el Poder Ejecutivo.

-¿A quiénes afecta la medida del Ejecutivo?

-Voy a hacer la distinción, de lo general a lo particular. En primer lugar nos comprende a todos como ciudadanos argentinos porque un decreto es una norma emanada del Poder Ejecutivo, que por imperio de la Constitución Nacional, no puede alterar las leyes a través de su recomendación.

Si bien la reforma de 1994 le dio atribuciones al Poder Ejecutivo para dictar normas en carácter especialísimo y en situaciones excepcionales, por necesidad y urgencia, este no es el caso porque está legislando en materia penal, área que tanto como en el caso de lo aduanero e impositivo, está expresamente prohibida por la Constitución. Y lo hace creando lo que es casi un registro de condenados anticipados.

Ahora yendo a lo particular, yo me siento absoluta y legítimamente amenazado en función de que he viajado al Líbano, soy director y accionista de una empresa de energías renovables, he estado trabajando en proyectos de desarrollo de energía fotovoltaica en el Valle del Bekaa, he tenido relaciones con las autoridades administrativas de Baalbek, que pertenecen al partido político Hezbollah, he tenido correos electrónicos de comunicación, y ninguna de esas actividades a mí me puede incluir en el concepto vago, impreciso y caza-brujas como lo es el de “vinculación a actos de terrorismo”.

Entonces, no puedo permitir semejante brutalidad que implicaría prácticamente retroceder 40 años en la historia argentina y volver a la dictadura, a través de una acción ejecutiva que está direccionada también a satisfacer un alineamiento servil y genuflexo de la actual administración nacional con EEUU e Israel -y esta es la desgracia más grande que tenemos todos como argentinos-, para tratar de que nunca se sepa la autoría intelectual y material de los atentados, y quedarse todos cómodos con esta versión emanada de esta batalla campal que tienen Washington y Tel Aviv con Irán.

A su vez, como esto ha sido destinado a agraviar y conmover una vez más a toda una comunidad, y el Poder Ejecutivo no ha reparado en que hace 8 meses se han avasallado derechos en ocasión de la reunión del G20 (caso hermanos Salomón), es que considero que esto nos afecta a todos.

Asimismo, estoy absolutamente sorprendido y disgustado por el silencio de la Embajada del Líbano respecto de esto. No he tomado conocimiento de que haya habido una respuesta oficial y la verdad es que me molesta porque ha habido una acusación a un partido político legal de la República del Líbano y eso motivaría como mínimo un llamado a consultas al embajador argentino en Beirut y también un comunicado por parte del embajador libanés en Argentina. Ambas cosas no han ocurrido, desconozco el motivo, no soy político ni diplomático, pero quiero destacar mi fastidio por eso.

Como yo me represento a mí mismo y tengo que hacerme cargo de las consecuencias, que ya estoy sufriendo, puedo decir estas cosas con plena tranquilidad de conciencia sin necesidad de quedar bien con nadie. Pero me parece que lo único que ha venido recibiendo nuestra comunidad desde los atentados a la fecha, ha sido estigmatización, odio, sospechas infundadas, y ahora este tipo de avances que buscan convertir todo eso en una norma de carácter general. Para mí, este ha sido el límite y he actuado en consecuencia.

-Por último Dr. Made, ¿nos puede sintetizar su historia de vida?

-Tengo 55 años, soy padre de dos hijos y vivo en Mendoza. Como abogado mi área de actuación es en derecho colectivo del trabajo, me he especializado a su vez en métodos alternativos de resolución de conflictos y negociación, por lo cual también asisto a sociedades comerciales en todo lo que es fusión, cesión, adquisición, ventas de acciones, etc.

A su vez soy director y accionista de la empresa GEGSA (Grupo de Energías Globales S.A.), que trabaja en el desarrollo, construcción y dirección de proyectos de energía fotovoltaica en el país y en el exterior.

Y a raíz del trabajo de GEGSA he tenido contacto con un proyecto en el Líbano, como fruto de mi investigación y aporte a la empresa para expandir sus horizontes en el exterior, aprovechando en este caso puntualmente las normativas energéticas y legislativas que tiene actualmente el Líbano, ya que busca salir de las graves dificultades en su matriz de energía eléctrica.

Tengo origen libanés. Mi abuelo era Mahmud Made, nacido en Ramadiyeh, a casi 50 kilómetros de Beirut, y llegó a la Argentina en la segunda década del siglo pasado. Mi abuelo tuvo tres hijos, Alí, mi padre, y mis tíos Yussef y Laila.

He sido asiduo visitante del Medio Oriente y del Líbano. Allá se ha perdido la rama Made, pero si he encontrado parientes más lejanos en tercera o cuarta línea de consanguinidad, con quienes he establecido vínculos de amistad.

En Argentina somos una familia numerosa de la que puedo mencionar a mis primos segundos Tarek y Adel Made de destacada trayectoria en la colectividad de Buenos Aires. Y aquí en Mendoza si bien no cuento con una gran participación institucional, tengo mucha cercanía y amistad con el presidente del Club Sirio, Julio Neme, a quien respeto intelectualmente porque es un tipo brillante, muy formado y comprometido con sus raíces.

Para finalizar, quiero dejar bien en claro que no actúo en representación formal de nadie en particular, solo entiendo que hay muchas formas de consentir y tolerar cuestiones dentro de una Sociedad Democrática, pero ese disenso tiene el límite de lo ilegal, cuando su tolerancia pacífica solo implica comodidad, calculo o directamente cobardía.

Voy a pagar los costos de exigir el respeto al Estado de Derecho, que siempre será menor a convivir con la Arbitrariedad, provenga de donde provenga.